Obtener una sentencia favorable no siempre significa que el conflicto haya terminado. Cuando la parte condenada no cumple voluntariamente lo establecido por el tribunal, puede ser necesario iniciar la ejecución de sentencia para hacer efectivo el derecho reconocido en la resolución judicial.

Esta fase permite solicitar al órgano judicial las actuaciones necesarias para conseguir el cumplimiento, ya se trate del pago de una cantidad, la entrega de un bien, la realización de una determinada actuación o el cese de una conducta.

Dependiendo del contenido de la sentencia, la ejecución puede implicar medidas como la investigación del patrimonio del deudor, el embargo de bienes o cuentas, requerimientos judiciales y otras actuaciones dirigidas a satisfacer aquello que ha sido reconocido judicialmente.

Antes de iniciar el procedimiento ejecutivo resulta necesario comprobar si la resolución puede ejecutarse, qué plazos deben respetarse y qué medidas son adecuadas para conseguir su cumplimiento, teniendo en cuenta tanto la situación del obligado como el contenido concreto de la condena.

Índice

• ¿Qué es la ejecución de sentencia?
• Cuándo es necesario ejecutar una sentencia
• Cuándo puede solicitarse la ejecución
• El plazo de espera antes de iniciar la ejecución
• Cuánto tiempo hay para ejecutar una sentencia
• Ejecución definitiva y ejecución provisional
• Cómo se solicita la ejecución judicial
• Ejecución de condenas al pago de dinero
• Investigación patrimonial y embargo de bienes
• Qué ocurre si no se conocen bienes del deudor
• Ejecución de obligaciones de hacer, no hacer o entregar bienes
• ¿Puede el ejecutado oponerse a la ejecución?
• Cuánto puede durar una ejecución de sentencia
• Errores que conviene evitar
• Preguntas frecuentes
• Asesoramiento para ejecutar una sentencia

¿Qué es la ejecución de sentencia?

La ejecución de sentencia es el procedimiento mediante el que se solicita al órgano judicial que haga efectivo lo establecido en una resolución cuando la persona o empresa obligada no cumple voluntariamente.

Esta fase es diferente del procedimiento en el que se discutió inicialmente quién tenía razón. Una vez reconocido judicialmente un derecho, el objetivo de la ejecución es conseguir que aquello que establece el título ejecutivo se cumpla en sus propios términos.

Por ello, el trabajo de un abogado procesal puede continuar después de obtener la sentencia, especialmente cuando es necesario solicitar embargos, investigar el patrimonio del ejecutado o exigir el cumplimiento de una obligación distinta del pago de dinero.

Cuándo es necesario ejecutar una sentencia

No todas las sentencias favorables necesitan una ejecución forzosa. Si la parte condenada cumple voluntariamente aquello que se le ha impuesto, no será necesario iniciar esta nueva fase.

La ejecución cobra especial importancia cuando, por ejemplo:

• No se paga una cantidad reconocida judicialmente.
• No se entrega un bien que debe ponerse a disposición de la otra parte.
• No se realiza una actuación ordenada por la sentencia.
• Se mantiene una conducta que debía cesar.
• El cumplimiento se produce solo parcialmente.

La ejecución representa así la fase final de un recorrido que puede haber comenzado al presentar una demanda judicial y que no termina necesariamente con la obtención de una resolución favorable.

Cuándo puede solicitarse la ejecución

Para iniciar una ejecución debe existir un título al que la ley reconozca fuerza ejecutiva. Entre esos títulos se encuentran las sentencias de condena firmes, aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil también contempla otros títulos ejecutivos y permite, en determinados supuestos, solicitar la ejecución provisional de sentencias que todavía no son firmes.

Por ello, antes de iniciar esta fase debe comprobarse:

• Qué resolución se ha dictado.
• Si es firme o todavía puede recurrirse.
• Si resulta susceptible de ejecución provisional.
• Qué obligación concreta impone.
• Si ha transcurrido el periodo durante el que debe esperarse antes de solicitar el despacho de ejecución.

El plazo de espera antes de iniciar la ejecución

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece un periodo de espera antes de que pueda despacharse la ejecución de determinadas resoluciones judiciales.

Con carácter general, no se despachará ejecución dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena sea firme. Este periodo permite que la parte obligada pueda cumplir voluntariamente antes de que se adopten medidas ejecutivas.

Por tanto, obtener una sentencia firme no significa que pueda solicitarse inmediatamente un embargo al día siguiente. Deben respetarse los tiempos establecidos procesalmente.

Cuánto tiempo hay para ejecutar una sentencia

También existe un límite para iniciar la ejecución. La acción ejecutiva fundada en una sentencia, resolución judicial o arbitral o acuerdo de mediación caduca si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución, en los términos establecidos legalmente.

Por este motivo, aunque el acreedor no tenga que iniciar inmediatamente la ejecución una vez transcurrido el periodo de espera, tampoco conviene dejar pasar indefinidamente el tiempo.

Ejecución definitiva y ejecución provisional

No todas las ejecuciones se desarrollan sobre una sentencia firme. La Ley de Enjuiciamiento Civil permite solicitar la ejecución provisional de determinadas sentencias de condena mientras todavía están pendientes de recurso.

Ejecución definitiva

Se produce cuando se utiliza una resolución firme como título para exigir su cumplimiento. Es el supuesto más habitual cuando la controversia ya ha finalizado y la parte condenada no cumple voluntariamente.

Ejecución provisional

Permite anticipar el cumplimiento de determinadas sentencias no firmes, aunque existen resoluciones que legalmente no pueden ejecutarse provisionalmente.

Además, la posibilidad de que la sentencia sea posteriormente revocada hace que esta modalidad tenga reglas específicas sobre oposición y sobre las consecuencias que puede generar una eventual modificación de la resolución.

Por ello, antes de solicitar una ejecución provisional conviene valorar tanto su viabilidad jurídica como las consecuencias que podría tener una resolución posterior del recurso.

Cómo se solicita la ejecución judicial

La ejecución civil se inicia a instancia de la parte interesada. El tribunal no comienza por sí solo a buscar bienes o exigir el cumplimiento simplemente porque exista una sentencia favorable.

La petición debe identificar la tutela ejecutiva que se pretende y, cuando corresponda, indicar los bienes del ejecutado que puedan resultar susceptibles de embargo o solicitar las medidas de localización patrimonial necesarias.

Demanda ejecutiva basada en una resolución judicial

Cuando el título es una resolución dictada por el mismo órgano competente para la ejecución, la ley permite simplificar el contenido de la solicitud identificando la resolución cuya ejecución se pretende.

Una vez comprobados los presupuestos legales, se despachará la ejecución y podrán acordarse las actuaciones necesarias para hacer efectivo el título.

Ejecución de condenas al pago de dinero

Uno de los supuestos más frecuentes aparece cuando una sentencia condena al pago de una cantidad y el deudor no la abona voluntariamente.

En estos casos pueden adoptarse medidas sobre el patrimonio del ejecutado dirigidas a obtener las cantidades debidas.

Dependiendo de los bienes existentes, pueden resultar afectados:

• Saldos existentes en cuentas bancarias.
• Créditos o derechos de cobro.
• Determinados salarios o ingresos dentro de los límites legalmente embargables.
• Vehículos.
• Bienes muebles.
• Inmuebles.
• Otros derechos de contenido económico.

No todos los bienes pueden embargarse sin límites. La legislación establece bienes absolutamente inembargables, otros sometidos a restricciones y reglas específicas para salarios, pensiones e ingresos.

Investigación patrimonial y embargo de bienes

Para ejecutar una condena dineraria resulta necesario localizar patrimonio sobre el que pueda hacerse efectiva la deuda.

Manifestación de bienes del ejecutado

Cuando resulte necesario, el órgano judicial puede requerir al ejecutado para que manifieste sus bienes y derechos con detalle suficiente para garantizar las responsabilidades derivadas de la ejecución.

Ese requerimiento puede incluir información sobre cargas y gravámenes y, en determinados supuestos, las consecuencias previstas legalmente si no se atiende correctamente.

Investigación judicial del patrimonio

Si el ejecutante no puede identificar bienes suficientes, puede solicitar que el órgano judicial se dirija a entidades financieras, organismos, registros y otras personas o instituciones que puedan disponer de información patrimonial del ejecutado.

Esta posibilidad evita que el acreedor tenga que conocer previamente todo el patrimonio del deudor para poder iniciar una ejecución.

Embargo de bienes

Una vez localizados bienes o derechos susceptibles de ejecución pueden acordarse embargos en la medida necesaria para cubrir las cantidades reclamadas y los conceptos legalmente previstos.

La selección de bienes debe respetar las reglas establecidas por la legislación procesal, teniendo en cuenta tanto la eficacia de la ejecución como la necesidad de evitar perjuicios innecesarios al ejecutado.

Qué ocurre si no se conocen bienes del deudor

Que el acreedor desconozca inicialmente el patrimonio del ejecutado no significa que la ejecución sea imposible. Como hemos visto, pueden solicitarse medidas de investigación patrimonial para tratar de localizar bienes y derechos.

Otra situación distinta aparece cuando, después de realizar las investigaciones correspondientes, no existen bienes suficientes sobre los que hacer efectiva la deuda.

En ese supuesto, la ejecución puede no permitir recuperar inmediatamente la cantidad reconocida. Por ello, obtener una sentencia favorable y conseguir cobrarla son dos cuestiones diferentes que conviene valorar desde el comienzo de un litigio.

Si posteriormente aparecen bienes o derechos susceptibles de embargo, podrá analizarse la posibilidad de impulsar nuevas actuaciones dentro de la ejecución conforme a las reglas procesales aplicables.

Ejecución de obligaciones de hacer, no hacer o entregar bienes

No todas las sentencias condenan al pago de dinero. Una resolución puede ordenar entregar una cosa, realizar una determinada actuación o dejar de desarrollar una conducta.

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece reglas diferentes según el contenido de la obligación.

Entrega de bienes

Cuando la sentencia obliga a entregar una cosa, las medidas de ejecución dependerán de la naturaleza del bien y de si puede ser localizado y entregado en los términos establecidos.

Obligaciones de hacer

Si la condena exige realizar una actuación, el procedimiento dependerá de si se trata de una prestación que puede ser ejecutada por otra persona o de una obligación de carácter personal que únicamente puede cumplir el condenado.

Obligaciones de no hacer

Cuando la sentencia obliga a cesar o abstenerse de una conducta, el incumplimiento puede dar lugar a las medidas previstas legalmente para intentar restablecer la situación y conseguir el respeto a la prohibición impuesta.

Por ello, las medidas adecuadas para una condena dineraria no pueden trasladarse automáticamente a cualquier otro tipo de sentencia.

¿Puede el ejecutado oponerse a la ejecución?

Sí. El hecho de que exista un título ejecutivo no elimina completamente las posibilidades de defensa de la persona frente a la que se dirige la ejecución.

Sin embargo, la oposición a una ejecución basada en una resolución judicial está limitada a los motivos previstos legalmente. La fase ejecutiva no sirve, con carácter general, para volver a discutir desde el principio cuestiones que ya quedaron resueltas en el procedimiento declarativo.

Dependiendo del título y de las circunstancias, pueden plantearse determinados motivos relacionados con el cumplimiento de la obligación, la caducidad de la acción ejecutiva, acuerdos posteriores u otras cuestiones procesales expresamente contempladas por la ley.

Oponerse no siempre paraliza automáticamente la ejecución

Los efectos de la oposición dependen del tipo de ejecución y del motivo planteado. Por ello, tanto quien solicita el cumplimiento como quien recibe una demanda ejecutiva debe analizar los plazos y actuaciones correspondientes desde el momento de la notificación.

Cuánto puede durar una ejecución de sentencia

No existe una duración única. El tiempo necesario dependerá fundamentalmente del contenido de la condena, de la colaboración del ejecutado y de la existencia de bienes o derechos sobre los que pueda hacerse efectiva la ejecución.

Una ejecución dineraria puede resolverse con mayor rapidez si existen saldos suficientes fácilmente localizables. En cambio, puede prolongarse cuando sea necesario investigar patrimonio, embargar bienes, valorar activos o acudir a procedimientos de realización como una subasta.

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la ejecución forzosa termina con la completa satisfacción del acreedor ejecutante, sin perjuicio de las distintas incidencias que puedan producirse durante el procedimiento.

Errores que conviene evitar

Una sentencia favorable debe analizarse también desde el punto de vista de su cumplimiento efectivo. Entre los errores que conviene evitar se encuentran:

• Dar por hecho que la parte condenada cumplirá voluntariamente.
• Solicitar la ejecución sin comprobar previamente si la resolución puede ejecutarse.
• No respetar el plazo de espera previsto legalmente.
• Dejar transcurrir el plazo para ejercitar la acción ejecutiva.
• No facilitar información sobre bienes conocidos del ejecutado.
• Asumir que no puede hacerse nada porque inicialmente se desconoce su patrimonio.
• Solicitar medidas que no guardan relación con el contenido de la condena.
• Confundir la ejecución definitiva con la ejecución provisional.
• No reaccionar ante una oposición o incidencia planteada durante el procedimiento.

La estrategia procesal no termina con la sentencia

Cuando se inicia una reclamación resulta conveniente valorar no solo las posibilidades de obtener una resolución favorable, sino también cómo podría hacerse efectivo su contenido si la otra parte no cumple voluntariamente.

Contar con asesoramiento especializado en Derecho Procesal permite analizar el título ejecutivo, los plazos y las medidas que pueden solicitarse para intentar conseguir el cumplimiento efectivo de la resolución judicial.